martes, 29 de abril de 2014

La USAID, la NED y el GALI en la subversión contra América Latina*


La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) –ambas vinculadas al Departamento de Estado de ese país- se encuentran bastante activas en su tarea de socavar política y moralmente a los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina.

Las redes a través de las que “triangulan” sus planes y financiamientos para la injerencia y la subversión son varias, una de ellas es el Grupo Andino de Libertades Informativas (GALI) que articula a organizaciones en Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Las actividades de GALI desde fines de la década de los 90 se han intensificado y no por “casualidad”.
Se lo hace en una coyuntura política latinoamericana caracterizada por la irrupción de una tendencia general que se ha puesto a contra-ruta del neoliberalismo como “camino inevitable” y sistema interamericano de dominación y que ha dado nacimiento a mecanismos y foros alternativos de integración y concertación política, en desmedro de la hegemonía estadounidense, como UNASUR, ALBA y la CELAC.

La plataforma desde la que actúa esta estrategia de injerencia y subversión ideológica es algo con lo que nadie podría estar en desacuerdo si no descubre el fondo de sus objetivos: derechos humanos y libertad de expresión.

Ahí está muchas veces su relativo éxito, sobre todo en sectores sociales reticentes a una alternativa al capitalismo. El libreto es el mismo, lo que se modifica son sus operadores y los lugares geográfico-políticos de su implementación.

Los blancos del ataque, vaya paradoja, son los líderes de los procesos políticos en los cuales, más bien, se están registrando procesos de ampliación de la democracia y la igualación social a niveles nunca antes vistos.
Pero para estos sectores nada vale la condición de posibilidad de superación de la igualdad y libertad formales hacia la igualdad y libertad sustantivas. Esa es una democracia a la que le tienen miedo.

El combate contra ese tipo de acciones contra-hegemónicas al capital, se da desde todos los frentes: el mediático, el político, el cultural y obviamente el militar cuando se hace necesario.

Para cada uno de esos frentes se tiene instrumentos y redes de ejecución. Una de ellos, que nos interesa ahora, es la denominada Organizaciones No Gubernamentales (ONG) afines a Washington y financiadas directamente por agencias estadounidenses o mediante “terceros” actores. GALI es una de ellas.

La dirección ejecutiva de esa meta-organización siempre ha recaído en un periodista de un país en el que se considere decisiva su presencia para defender la libertad de expresión, los derechos humanos fundamentales y las garantías constitucionales.

Hasta noviembre de 2013 la responsabilidad estuvo en manos de Cesar Ricaurte, presidente de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (FUNDAMEDIOS) del Ecuador que, en articulación con otras organizaciones, desarrolló una ardua resistencia a todas las iniciativas de la revolución ciudadana y en particular a la Ley de Medios finalmente aprobada por el gobierno de Rafael Correa.

De acuerdo a los cables Wikileaks, César Ricaurte –en ese momento convertido por los medios a los que antes criticaba en una especie de adalid de la libertad de expresión-, figuraba junto a otros periodistas de medios privados (Carlos Jijón, Jorge Ortiz, Alfredo Negrete), como informante de la Embajada de Estados Unidos en Quito.

Si que se haya abandonado la idea de subvertir la revolución ciudadana, a partir de un diagnóstico de la situación de la libertad de expresión en Bolivia, caracterizada por estar “bajo acoso permanente”, según reza la oposición y la cercanía de las elecciones generales, GALI nombró al periodista Raúl Peñaranda, de nacionalidad boliviano-chilena, como a su nuevo Director Ejecutivo.

La designación del periodista se hizo poco después de que éste renunciara a la dirección del matutino Página Siete de La Paz, como resultado de una supuesta “alianza” entre la Iglesia Católica y el gobierno para atacarlo “vilmente”, según sostiene en su campaña de auto promoción.

A pesar de que a Peñaranda le ha tocado el papel de limpiar la cara a la política exterior chilena frente a la demanda boliviana de ejercer su derecho soberano sobre el Pacífico, según da cuenta el historiador chileno Javier García, y no obstante que en su papel de director de Página Siete incurrió en al menos cuatro grandes manipulaciones informativas Caso TIPNIS cuando hizo aparecer un bebé muerto que nunca sucedió, la restitución de la figura del desacato que más bien fue negada por el vicepresidente Álvaro García Linera, la excomulgación de cuatro ministros de Evo Morales que de inmediato fue desmentido por la Iglesia Católica y la oferta boliviana a Chile de gas por mar que nunca dijo el presidente del Estado Plurinacional), Peñaranda ha pasado a cumplir el mismo papel que Ricaurte en Ecuador al decir que en Bolivia hay libertad de expresión bajo acoso.

Pero no solo ejerce ese papel, sino que además ha sido convertido por la oposición en el adalid de la libertad de expresión.

El método también se repite. Al igual que en Ecuador, donde aparece una publicación para sembrar dudas sobre el presidente Correa, como es el caso del “Gran hermano” o la revista “Alternativa V”, Peñaranda acaba de publicar en Bolivia el libro “Control remoto”, donde sobre la base de fuentes of the record y de la versión de algunos ex funcionarios del gobierno boliviano bastante conocidos por su actual posición opositora, se denuncia que el vicepresidente Álvaro García Linera controla cuatro “medios para-estatales” y que la calidad de la democracia está cuestionada.

El desarrollo de la estrategia de subversión ideológica encuentra sentido cuando se aprecia una economía sólida en expansión que difícilmente sería rebatida en el imaginario de la gente. Por tanto, es en el plano de la subjetividad donde los enemigos del proceso de cambio se han propuesto trabajar.

El objetivo del Departamento de Estado de EEUU y de las agencias USAID y NED es lograr, a través de redes como GALI, la construcción de matrices de opinión contrarias a los gobiernos de izquierda, ya sea, como se demuestra en Venezuela, para socavar la moral de los conductores de la revolución o para sentar las condiciones de un cambio por métodos no democráticos.

Es decir, ese papel ideológico-subversivo que se esconde en la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos en países donde más bien lo que sucede es una ampliación de la democracia y de los derechos como resultado de procesos políticos posliberales, es parte de la estrategia del llamado Golpe Suave.

Es más, existe bastante coincidencia en estudiosos de la comunicación y la ideología como Ignacio Ramonet y Noam Chomsky que la batalla se libra hoy en el campo de los sentidos y los símbolos, y que la “guerra mediática” contra los procesos de cambio son el preludio de planes de desestabilización mayor.

Los miembros de GALI
Al grupo GALI pertenecen la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Fundamedios de Ecuador y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú, Venezuela y Colombia. Un seguimiento a las fuentes de financiamiento de estas organizaciones permite identificar al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a las agencias USAID y NED, bastante conocidas por sus trabajos de subversión.
Detrás de nobles causas, como la defensa de las libertades informativas, la promoción del periodismo de investigación y la prestación de servicios a la ciudadanía y al sector público, los gobiernos de izquierda concentran la atención sistemática de estas grupos no gubernamentales.

Por ejemplo, en los informes de monitoreo de 2011 sobre Bolivia, GALI destaca: “aprehenden a un periodista acusado de difundir un video que afecta a la imagen del presidente boliviano”, “Presidente de Bolivia promulga ley de Telecomunicaciones, en medio de denuncias y falta de consenso”, “el Presidente de Bolivia cuestiona a los periodistas y los llama mentirosos”, “Gobierno acusa a director del diario ABC (de Paraguay) de ayudar en la fuga de gobernador opositor y acusado de corrupción”, “El gobierno boliviano aprobó reglamentación de ley Antirracismo que limita la libertad de expresión” y otros titulares por el estilo.
El contenido de lo que se monitorea no cambia cuando la mirada se traslada a otro Estado con gobierno de izquierda. Lo que cambian son los nombres de los presidentes denunciados. Este es el caso de Ecuador, donde de manera abierta GALI rechaza las acciones judiciales del Presidente Correa contra el Diario El Universo, por la publicación de un artículo de opinión titulado “No a las mentiras” en directa alusión al jefe de Estado ecuatoriano.

Una de las “investigaciones periodísticas” más importantes llevadas adelante por esta red a través de FUNDAMEDIOS se llegó a titular “El gran hermano”, que contenía los actos de corrupción del hermano de Rafael Correa, pero que fue desarrollado de tal manera que hacía aparecer al presidente ecuatoriano como el directo responsable.

En el caso de Ecuador, el respaldo de USAID y la NED a FUNDAMEDIOS ha sido directa y también se ha triangulado por medio del Grupo Faro, una fundación para el avance de reformas y las oportunidades. En 2012, el administrador adjunto para América Latina y el Caribe de USAID, Mark Feierstein, reconoció que su país financiaba a cuatro organizaciones ecuatorianas, todas ellas opositoras a la revolución ciudadana. La situación de injerencia no ha cambiado hasta ahora.

Feierstein tampoco ocultó que el aporte financiero de la “agencia de desarrollo” en Cuba y Venezuela sigue siendo “muy importante para aquellos grupos cívicos que están luchando por los derechos humanos y la democracia”, según pone al descubierto la investigadora estadounidense Eva Golinger.

Por eso no es un accidente que hace un par de semanas haya quedado al descubierto una operación subversiva organizada por la USAID contra Cuba a través de terceros países y de empresas de servicios que no estaban enteradas de los objetivos ocultos. Estamos hablando del proyecto ZunZuneando, que consistía en la creación de una red social similar al Twitter para lanzar una campaña de desestabilización del gobierno cubano.

El descubrimiento del proyecto ha causado tanto revuelo en EEUU que el Senado ha llamado al director de USAID paras que explique los alcances de la medida y el por qué se orientó millones de dólares que provienen de los aportes de los ciudadanos estadounidenses.

Pero volvamos a 2012. El alto funcionario de USAID reconoció, en la misma oportunidad, que la ayuda a ese tipo de organizaciones por la libertad de prensa se mantiene más o menos en el mismo nivel al decir “está bajando, no está subiendo”, en los casos de Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

De lo que se infiere que a pesar de la expulsión de USAID de Bolivia en 2013, uno de los canales para triangular la injerencia de la agencia estadounidense en asuntos internos es GALI.

La red IPYS es la más importante del grupo GALI. Una de las organizaciones que supuestamente defiende a la “libertad de expresión” en Venezuela, es el Instituto de Prensa y Sociedad (“IPYS”), según señala Golinger, al sostener que de acuerdo a documentos de la National Endowment for Democracy (“NED”), desclasificados durante los años 2004 al 2006 y reforzados por información públicamente disponible en las páginas web de IPYS y la NED, ésta organización fue establecida en el año 1993 como “organización no-gubermental” para “defender la libertad de expresión y promover al periodismo responsable”.

IPYS es miembro de la agrupación, Intercambio Internacional de Libre Expresión (IFEX) y es parte de la red de Reporteros sin Fronteras (RSF), organización francesa financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de la NED, el Instituto Republicano Internacional y el Comité para una Cuba Libre.
IPYS fue formada por periodistas, editores y dueños de medios de comunicación en el Perú y esta gobernado por un Consejo Ejecutivo y un Comité Asesor. Sus programas son dirigidos por Ricardo Uceda y Jenny Cabrera desde Perú.

IPYS recibe su financiamiento de la NED, la Fundación Ford, la Fundación Open Society (de George Soros, que también fue financista de la ‘revolución naranja’ en Ucrania), Konrad Adenauer Foundation (que también financia a Súmate y otros grupos de la oposición), entre otras fuentes.

Los planes de injerencia para socavar los procesos políticos emancipadores en América Latina van a continuar. De hecho, a la guerra económica y las acciones de terrorismo y violencia desplegadas contra la revolución venezolana hay que agregar la guerra mediática.

Bolivia está también en la mira y el camino que recorrerá la oposición, con apoyo estadounidense, es previsible: la guerra sucia. Uno de sus ejes será las supuestas limitaciones a la libertad de expresión y la baja calidad de la democracia. Uno de los instrumentos la Red GALI y su director ejecutivo.

*Por Hugo Moldiz Mercado, originalmente publicado en TeleSur

jueves, 10 de abril de 2014

La SIP y los medios en América Latina*


Días atrás finalizó, en Barbados, la reunión semestral convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa para dar cuenta del papel de los medios de comunicación en la realidad que vive América Latina. La SIP, una asociación de empresarios propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias de información, condenó nuevamente a leyes que, en países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela, se proponen redistribuir las licencias de los medios. ¿Cuáles son los intereses –mediáticos, económicos y políticos- que defiende la SIP? ¿Por qué se opone férreamente a regulaciones democráticas que puedan ampliar las voces en nuestros países?
La SIP, nacida en 1943 en La Habana, Cuba, bajo esquemas del “viejo panamericanismo y en tiempos de enfrentar al nazismo”, tal como recordara la periodista Stella Calloni, vió rápidamente tergiversada su finalidad con el ingreso al lobby del organismo de oficiales de los servicios de inteligencia estadounidense, como Jules Dubois y Joshua Powers. Así, en una reunión en Nueva York  en 1950, con cambio de estatuto mediante, se convirtió a la SIP en un “cártel” de los dueños de las empresas periodísticas, y a partir de ese momento jugó un rol en defensa de los poderes económicos concentrados en nuestros países –llegando al punto de legitimar golpes de Estado contra gobiernos constitucionales, tal como ha sucedido durante la década del 70 en la región-.
En su última reunión en Barbados, este organismo “editorializó” contra las regulaciones estatales a los medios, poniendo especial énfasis en la situación de Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela, países que han implementado –o se encuentran en vías de hacerlo- nuevas legislaciones contra los monopolios mediáticos. En lo respectivo a la Argentina, la SIP instó al sector privado “a ser consecuente con los principios de libertad de expresión y libre competencia”, demostrando que la equiparación de ambos conceptos resulta razonable para estos dueños de empresas periodísticas, que rehuyen a cualquier intervención estatal en este ámbito. La conclusión parecería ser: para que haya libertad de expresión, debe haber libre competencia, lo que constituye una apología poco sutil a la concentración mediática.
Un reciente análisis del escritor venezolano Luis Britto García sirve para desmontar la manipulación mediática de los medios privados de su país, quienes acudieron a la SIP denunciando una supuesta ausencia de la libertad de expresión y una hegemonía estatal en el ámbito periodístico. Afirma Britto García que en Venezuela operan, en la actualidad, 2.896 medios, de los cuales el 65% es privado, el 31% comunitario –emisoras que han avanzado desde la llegada de Chávez al poder-, y sólo un 3% estatal. El caso de la radio es paradigmático: hay 1.598 emisoras privadas, 654 comunitarias y 80 estatales. En la TV sucede algo similar, ya que el país caribeño cuenta con 55 canales privados, 25 comunitarios y sólo 8 de propiedad estatal.
Por estos datos –poco divulgados, justamente, por los medios de comunicación masivos de la región- es que Britto García afirma que “casi todos los medios privados son opositores” en su país. ¿Se puede, tras esta enumeración, hablar sin sonrojarse de una supuesta ausencia en la libertad de prensa en Venezuela, tal como se plasmó en la reunión de Barbados? ¿Cómo es posible, tras la divulgación de estas cifras, seguir intentando plasmar una “hegemonía estatal” en el ámbito comunicacional, tal como pretende la SIP respecto al caso venezolano?
Sin lugar a dudas una de las más perversas acciones de estos sectores es la generación de información especulativa, buscando esparcir generalizaciones en amplios sectores de la población, tanto a nivel local como internacional, con la finalidad de construir una matriz informativa específica que no se condice con la realidad. El papel desplegado por la SIP es, ni más ni menos, que la legitimación de la construcción de esa “realidad falseada”. ¿Cómo opera esa legitimación? A través de la cooptación empresarial, lo que permite difundir masivamente el mensaje a través de los grandes medios que esos empresarios controlan, y también mediante el férreo rechazo que el organismo hace sobre aquellos países que han enfrentado con mayor tenacidad a los monopolios mediáticos informativos en la región –justamente aquellos que aparecen en la “lista negra” del organismo-. 

*Por Juan Manuel Karg, originalmente publicado en TeleSur en abril del 2014