Desde el retorno del poder civil a Guatemala, el reto de gobernar un país pobre y violento de 13 millones de habitantes ha probado ser tan grande que ninguno de los partidos (que llegan al poder) ha tenido éxito en ganar más de un término en la presidencia, una tendencia que es probable que continúe en las elecciones generales del 9 de septiembre. Mientras el candidato de la GANA se ubica en un distante tercer lugar, las encuestas sugieren una segunda vuelta entre dos candidatos con pasados diametralmente opuestos.
Alvaro Colom, quien encabeza un partido de centro izquierda es un ex-hombre de negocios que estuvo alguna vez cerca de las guerrillas izquierdistas que pelearon una guerra civil contra dictadores militares por más de tres décadas hasta los acuerdos de paz de 1994 (sic). Su rival más cercano, Otto Pérez Molina, es un ex general que estuvo a cargo de inteligencia militar. El lema de campaña de Colom es “esperanza”, mientras que el de Pérez Molina es “mano dura”.
Ambos hombres están de acuerdo que el crimen violento es el tema principal de la campaña. La tasa de asesinatos de Guatemala fué de 47 por 100,000 habitantes en el 2006, la segunda después de Colombia de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta figura se eleva a 110 por 100,000 en la Ciudad de Guatemala. Pero mientras en Colombia la tasa de asesinatos va en decenso a pesar de que el conflicto armado persiste, en Guatemala la figura continúa en alza (de 31.5 por 100,000 en el 2003, de acuerdo al Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, un tanque de pensamiento). El UNDP estima que la violencia le cuesta al país el equivalente al 7.3% del PIB cada año. Ha afectado las elecciones también; han habido por lo menos 46 homicidios relacionados a la campaña (la mayoría de ellos en elecciones municipales) en comparación a los 29 de la última elección en el 2003.
En el vecino El Salvador también se sufrió una guerra civil, pero ahora tiene menos crimen que Guatemala. Una razón es que la nueva policía guatemalteca, creada bajo los auspicios de los acuerdos de paz es mucho menos efectiva que su contraparte en El Salvador. La Policía Nacional Civil es demasiado pequeña para investigar crímenes. Jueces y fiscales sufren de una debilidad similar.
El gobierno de Berger ha hecho un relativamente buen trabajo con la economía, pero no ha tenido éxito contra el narcotráfico (el que tiene nexos cercanos con elementos de las fuerzas de seguridad) ni contra
las maras. El mes pasado el congreso guatemalteco votó para establecer una comisión conjunta con las Naciones Unidas (CICIG) destinada a asegurar que los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad sean investigados y castigados. Pero únicamente va a dar consejos. Una propuesta anterior de darle a la comisión poderes reales fué desechada por la Corte de Constitucionalidad por considerarla una violación a la soberanía.
Berger también se ha visto afectado porque únicamente comanda a 24 de 158 miembros del congreso. La recién restaurada democracia guatemalteca se caracteriza por la abundancia de partidos nuevos y pequeños, muchos de los cuales no son más que vehículos personales. Pero su mayor debilidad es la profundamente enraízada resistencia de los guatemaltecos pudientes a pagar impuestos. El estado debe de alguna manera arreglárselas para funcionar con menos del 10% del PIB, muy por debajo del promedio latinoamericano.
Esa desventaja sobresale más aún cuando se observa que la economía ha estado creciendo silenciosamente, a una tasa annual de 3.9% bajo Berger, y a un 2.6% bajo su predecesor. Han ayudado también las remesas de guatemaltecos en los EEUU. En el transcurso del año pasado, de acuerdo al Banco de Guatemala, el Tratado de Libre Comercio con los EEUU ha contribuído a casi medio punto porcentual de crecimiento.
Todos los candidatos están de acuerdo en la necesidad de incrementar los ingresos fiscales, fortalecer la policía y el sistema judicial y atacar la pobreza. Colom encabezó las encuestas por un buen tiempo, pero no es un buen orador. Pérez Molina ha cerrado la brecha, y ambos reciben ahora cerca del 30% de apoyo de los electores.
El pasado militar de Pérez Molina genera incomodidad en algunos. No ha sido acusado de ninguna de las muchas atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad en la guerra contra las guerrillas. El subraya que quiere un “gobierno pluralista”. Si ganara, seguiría a otros latinoamericanos conservadores que han sido electos en países donde el crímen violento es el problema principal (como Alvaro Uribe en Colombia y Tony Saca en El Salvador). Si las encuestas están en lo cierto, los guatemaltecos ciertamente no dan la impresión de confiar en la izquierda: Rigoberta Menchú, la activista indígena que también aspira a la presidencia atrae sólamente el 5% de apoyo.
Independientemente de quien gane, la mayor duda que se plantea es si se va a dar un cambio real como resultado de la elección. En Guatemala, más que en otros países latinoamericanos, el verdadero poder lo tienen los sindicatos criminales por un lado y la pequeña camarilla de empresarios por el otro. “Al final del día, los empresarios son el gobierno independientemente de quien gane” dice Pedro Trujillo, un analista político de la Universidad Francisco Marroquín. Hasta ahora, no han hecho un trabajo particularmente bueno.
* Publicado originalmente en inglés en The Economist, traducción libre.