miércoles, 20 de julio de 2005

¡Se Queman los Archivos de la PN!

El día de hoy la prensa nacional publica la quema de los recientemente encontrados archivos de la extinta Policía Nacional. Nadie sabe con exactitud las causas del siniestro, pero se sospecha mano criminal. Al cuestionar a los policías de turno, lo único en que parecen estar de acuerdo es que nadie vió ni oyó nada:
- A mí fué la humazón la que me despertó, y apenas tuve tiempo para salir corriendo- dijo Teodoro Orellana, agente de servicio en el depósito de explosivos.

Ante tan lamentable suceso, los señalamientos de parte de las organizaciones de derechos humanos no se hicieron esperar
– Aquí hay gato encerrado usté- afirma Juan Pu Tojín, personero de una organización quichelense.
– Alguien trató de quemar vivos a los policías de turno- , prosigue Pu Tojín.

Otros representantes de DDHH no dejan de lamentar la “gran casualidad” de que el archivo haya ardido precisamente después de haber sido descubierto por el procurador de los derechos humanos.
- Es posible que el procurador y otra gente de DDHH emanen gases altamente inflamables que puedan impregnarse en todos los papeles que tocan, de ahí que no sea la primera vez que este tipo de hecho sucede- afirma un activista de DDHH que no quiso dar su nombre.

Por su parte, el presidente Berger afirma que lo más probable es que el siniestro se haya debido a la “combustión espontánea” , que suele suceder todos los días y que fué la responsible de la incineración de la embajada de España hace 25 años.

Haciendo alarde de sus conocimientos de bioquímica, el ministro Vielman sugiere que el fuego pudo haber sido causado “por los gases de una rata que comió frijoles de más”. Sin quedarse atrás, el director de la policía nacional civil, afirma que él le apuesta a "una conspiración de los mareros de la zona 18", quienes temen que al hacerse públicos los récords se estaría revelando que muchos de los progenitores de los miembros de la maras nunca tuvieron récord delictivo, -eso sería una gran vergüenza par amuchos mareros- afirma el jefe policial.

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Obviamente la historia de arriba no es cierta (por lo menos todavía no); pero por muy inverosímil que parezca y considerando la facilidad conque se desaparecen, extravían o destruyen documentos en situaciones similares, no está demasiado lejos de convertirse en realidad. Los archivos de la extinta PN son documentos históricos valiosísimos que deben protegerse para poder esclarecer partes obscuras de nuestro pasado. Irónicamente, la mejor manera de protegerlos sería haciéndolos públicos.

lunes, 18 de julio de 2005

Paso Importantísimo

El día de hoy, la prensa nacional reporta que el Estado de Guatemala oficialmente le pidió perdón a la comunidad de Plan de Sánchez (Baja Verapaz) por los crímenes que agentes del estado cometieron en 1982. Aún cuando el inédito acto de constricción se debe a una orden de la Corte Interamericana de Justicia, el precedente jurídico y moral es de un valor incalculable para los miles de personas a las que se les ha negado justicia por más de 20 años.

Son acciones como las reportadas el día de hoy las que se necesitan para exorcisar el funesto pasado de nuestro país. La reconciliación -tan necesaria para alcanzar la verdadera paz- no ha podido hacerse realidad simplemente porque la mayoría de la población aún desconoce lo que verdaderamente sucedió. Cualquier intento por conocer la historia se ha quedado atrapado en el olvido, la impunidad y la desinformación que los sectores que todavía detentan el poder real nos han querido imponer bajo la excusa de que es necesario para preservar la paz.

Ojalá que el Gobierno de Guatemala continúe haciendo lo que empezó ayer, y proceda –sin que se necesite una orden judicial- a pedirle perdón, una por una, a todas las comunidades que en algún momento fueron víctimas de la represión oficial. El paso siguiente será condenar a los responsables. Cuando la verdad histórica sea por fín del dominio público -sin distorsiones de ningún tipo- podrá entonces empezarse a construír el futuro.

domingo, 17 de julio de 2005

Acisclo y La Minería

 Acisclo Valladares no es precisamente el santo de la devoción de mucha gente. No se puede negar que a veces da la impresión de ser altanero, prepotente y arrogante. Sin embargo, tampoco se puede negar que es uno de los abogados más competentes del país ni que tiene una habilidad extraordinaria para ser objetivo en sus juicios. El día de hoy, Acisclo publica un artículo en El Periódico, en el que pone en perspectiva el dilema de la minería en Guatemala. El artículo debe ser lectura obligada para todos los que se interesan en el tema de la minería.


Punto Final de la Auditoría Sobre Tema Minero y Punto de Partida
Por Acisclo Valladares, El Periódico 17 de julio del 2005
La Constitución Política de la República declara de interés nacional la explotación minera y lo hace por mandato constitucional expreso. Eso no significa, sin embargo, que pudiese prevalecer sobre lo que es más importante, el ser humano. La Ley de Minería que lo desarrolla se dictó durante el Gobierno del presidente Álvaro Arzú, y también se ratificó entonces el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ordena consultar a los pueblos interesados antes de otorgarse una licencia. Las objeciones que se hacen hoy a ambos textos, resultan extemporáneas y sumamente graves para la certeza jurídica, puesto que las compañías mineras se aventuraron a sus empresas a la luz de las reglas de juego establecidas.
La compañía minera tramitó y obtuvo la licencia durante la administración del presidente Alfonso Portillo, satisfaciendo los requisitos que debía. Sin embargo, se otorgó sin que se cumpliese el requisito de la consulta que correspondía satisfacer al propio Estado.
Se hizo, sí, la publicación ordenada por la ley para que cualquier interesado pudiera oponerse, y nadie se opuso. El Procurador de los Derechos Humanos no lo hizo.
Tampoco el Procurador General de la Nación, Asesor y Consultor de los órganos del Estado, quien debió hacer terminante prevención, “falta un requisito y, en tanto no se cumpla, no puede otorgarse…” Tampoco el Fiscal General, quien estaba obligado a velar porque se cumpliera e incluso perseguir su incumplimiento.
No hubo tampoco oposición de uno solo de los grupos ambientalistas que hoy se oponen. A estas alturas, otorgada ya la licencia, se hace una consulta popular -Sipacapa-, a la luz del Código Municipal, consulta más cercana al Convenio 169 que el procedimiento de hacer una publicación y llamar así a quienes quieran oponerse, pero que tampoco es la consulta a que el Convenio se refiere.
La ley manda, Convenio 169, que se realice antes de que se otorgue la licencia y no después. La realizada después, en consecuencia, no puede tener incidencia alguna en cuanto a la licencia ya otorgada. Consultar, por otra parte, en el sentido del Convenio 169, trasciende el simplismo del sí o el no.
La consulta realizada a “vecinos” a la luz del Código Municipal, amén de extemporánea, no lo fue a los pueblos interesados, que es lo que manda el 169, norma de jerarquía superior.
La ley es la ley, y la ley debe cumplirse. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo enderezar la situación por sus caminos?
En el aspecto general se impone que el Congreso y quienes tienen iniciativa de ley cumplan con su función y regulen no sólo la consulta a que se refiere el Convenio 169, sino la institución de la consulta en general.
En el caso concreto de la licencia ya otorgada, la situación del Estado no es cómoda en absoluto, ya que se otorgó a la luz de nuestras leyes y por autoridad competente. Esto lo agrava la guía del inversionista del Ministerio de Energía y Minas, que jamás hizo referencia a la consulta como insalvable requisito previo a que se otorgase una licencia, lo que también omitió en su sitio Web y, ¡colmo de los colmos! al día de hoy -cáigase usted de espaldas, amigo lector- ¡lo sigue omitiendo…!
La compañía minera -menos mal- tampoco las tiene todas consigo pese a la inducción al error perpetrada por el Estado, ya que estaba obligada a conocerlo y supo muy bien que se le daba sin que estuviese satisfecho.
El due diligence es obligado para toda empresa antes de emprender actividades. La compañía, pues, debe entender que una licencia otorgada sin cumplir con los requisitos de ley adolece de nulidad y queda expuesta a que se invoque.
Ningún tribunal en o fuera de Guatemala ampararía un derecho obtenido ilegalmente. No cabe más salida en este asunto que la negociación inteligente dentro del marco de la ley, y hablo negociación porque existe responsabilidad de todos:
Del Congreso de la República -tres legislaturas- por no haber desarrollado la norma sobre la “Consulta a los pueblos interesados”. De todos quienes tienen iniciativa de ley: diputados, presidentes, etcétera, por no haberla ejercitado.
Del Gobierno -Ministerio de Energía y Minas- por omitir mención alguna al requisito y por haberla otorgado sin cumplirlo.
Del Procurador General de la Nación, del Procurador de los Derechos Humanos y del Fiscal General, obligados como estaban a intervenir para que éste se cumpliera.
De todos los grupos ambientalistas, ya que ni uno solo se opuso cuando debió oponerse. También de las municipalidades, de los pueblos interesados y -esto es fundamental- de la propia compañía minera que se aventuró a obtener la licencia sin que el requisito se cumpliera.
Creo, pues, que se hace necesaria una negociación que lleve al restablecimiento del orden perturbado permitiéndome concluir con esta terminante prevención: si persiste en Guatemala el reino de la incertidumbre jurídica en que la hemos convertido, no tendremos inversión, y sin ésta el desarrollo es imposible.

domingo, 3 de julio de 2005

Dime de Qué Escribes y te Diré Quien Eres

¿En nombre de quién habla Prensa Libre, cuando defiende prácticamente todo lo que atenta en contra de los intereses nacionales y la democracia? ¿Para quién trabaja Prensa Libre cuando defiende un proyecto particular de minería, una hidroeléctrica, el TLC con los EEUU, las relaciones con Taiwan o los cambios a la ley de medicamentos genéricos? ¿Porqué Prensa Libre dice ser guardián de la democracia y se niega a reconocer la validez del referendo de Sipacapa o las nueve victorias consecutivas de Hugo Chávez? ¿No le ha sido suficiente a Prensa Libre haber pasado a la historia como el medio que cogobernó con los militares durante las dictaduras, o haber sido la caja de resonancia de la embajada de los EEUU?

Nadie pone en duda que la prensa es el cuarto poder de un estado. Nadie tampoco duda que en muchos casos, la prensa goza de más poder que cualquiera de los otros poderes. Pero el que la prensa tenga poder no sería problema sino fuera porque -a diferencia de los funcionarios electos- los miembros de la prensa no tienen que rendirle cuentas a nadie, por lo menos no públicamente y ciertamente no al pueblo que dicen representar. En el caso de Prensa Libre, para nadie es un secreto que trabajan para sus anunciantes, cuyos intereses se nutren del status quo y son por lo tanto contrarios a los del pueblo de Guatemala.

El pecado original de la prensa en cualquier país es que es - casi sin excepción-, un negocio primero y un servicio público después. Este obvio conflicto de intereses es un defecto de nacimiento que las democracias se han resignado a padecer de por vida, ya que cualquier intento por establecer un paradigma menos perjudicial para la sociedad se encontraría con una férrea oposición de precisamente los mismos que han hecho un negocio de controlar la opinión pública y que no vacilarían un instante en utilizar para su propio beneficio, el enorme poder que tienen en sus manos.

Queda nada más la utópica esperanza de que algún día, una nueva constitución provea un nuevo paradigma democrático donde no existan listados nacionales, elecciones por planilla, candidatos nombrados a dedo, ni el obsceno espectáculo en el que la ley de emisión del pensamiento se doblega ante la libertad de empresa. Que sean los periodistas los que se regulen a sí mismos y que la ley los proteja de los que ven en un medio de comunicación un vulgar negocio.