sábado, 24 de septiembre de 2005

Certificados (I)

En algunas escuelas de pre-primaria, cuando un niño hace algo bien la maestra le da una estrellita dorada o plateada como estímulo para que lo siga haciendo, una especie de “certificación”. Nadie se opone a este tipo de incentivos, ya que la sociedad entiende perfectamente que los niños pequeños necesitan la guía de adultos responsables.

Pero en el caso de naciones soberanas, las cosas son muy distintas. En el contexto del párrafo anterior, a una nacion pobre y pequeña no se le puede tratar como si fuera un niño de 3 años por los que son simplemente más grandes y ricos. De ahí que la “certificación” de los EEUU a países independientes no sea sino una intolerable afrenta que nunca debió haber sido permitida por los países “certificables”, los que –naturalmente-, no son todos.

La mínima decencia indica que si dependiera de los pueblos, éstos jamás permitirían que un gobierno extranjero les “certifique” el gobierno. Si el congreso salvadoreño un día decidiera evaluar al gobierno de Berger y concluyera que su gabinete está plagado de incompetentes y que necesita mejorar en esto, eso y aquello, se armaría un escándolo en Guatemala. Todos los medios de comunicación y todos los sectores políticos y sociales condenarían el abuso en un santiamén. Lo curioso del caso es que el gobierno de los EEUU hace exactamente lo mismo con lo de la "certificación" y nadie dice nada.

Si se da por sentado entonces que los pueblos jamás avalarían intromisiones como la famosa “certificación” cabe entonces preguntarse: ¿Quién le confiere el poder a los EEUU para juzgar las acciones de gobiernos que han sido democráticamente electos por sus respectivos pueblos? A primera vista pareciera que se trata del típico paternalismo abusivo y descarado de los gringos. Sin embargo, es de hacer notar que los gringos no podrían hacer lo que hacen sin la vergonzosa colaboración de las élites apátridas.

La responsabilidad de permitir la impunidad de la “certificación” recae principalmente en dos poderes del estado: el ejecutivo y la prensa. El ejecutivo como responsable de las relaciones diplomáticas tiene la potestad de protestar y negarse a hacerle el juego a los gringos. Tiene además la obligación legal de condenar cualquier acción de un gobierno extranjero que se perciba como una intromisión a los asuntos soberanos de Guatemala. Por razones que urgen ser investigadas, ninguno de los recientes gobiernos democráticos ha tenido la entereza suficiente para denunciar la “certificación” como una política fundamentalmente errada desde su concepción.

Si el ejecutivo ha sido inconsecuente con su pueblo, la prensa como conglomerado podría fácilmente ser calificada de traidora. Y es que la evidencia impresa apunta a que los medios más influyentes lejos de condenar el monstruo legal y moral de la “certificación”, no pierden cada oportunidad que tienen para congraciarse con la embajada en sus editoriales. Peor aún , actúan como proxies de los gringos, cuando se trata de criticar la labor del ejecutivo. Por si eso no fuera suficiente, han mantenido al pueblo en la ignorancia sobre el verdadero trasfondo de la “certificación”. Al final, no podemos sorprendernos que Juan Pueblo -que es analfabeto- y que lo único que ha aprendido en 500 años es a agachar la cabeza, no se inmute cuando otros agachan la cabeza en su nombre.

3 comentarios:

arte-sano dijo...

Buen articulo Q, yo me pregunto, ¿ y quien jodidos "certifica" al gobeirno gringo?
A ver si algun neo se anima a darnos una respuesta.

Quintus dijo...

Cuando quisieron crear la famosa CICIACS, los mismos de siempre pusieron el grito en el cielo en nombre de la sacrosantidad de la constitución y de la soberanía de las naciones ¿Porqué será que las mismas voces callan cuando se trata de la "certificación"?

waypoint dijo...

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