domingo, 17 de julio de 2005

Acisclo y La Minería

 Acisclo Valladares no es precisamente el santo de la devoción de mucha gente. No se puede negar que a veces da la impresión de ser altanero, prepotente y arrogante. Sin embargo, tampoco se puede negar que es uno de los abogados más competentes del país ni que tiene una habilidad extraordinaria para ser objetivo en sus juicios. El día de hoy, Acisclo publica un artículo en El Periódico, en el que pone en perspectiva el dilema de la minería en Guatemala. El artículo debe ser lectura obligada para todos los que se interesan en el tema de la minería.


Punto Final de la Auditoría Sobre Tema Minero y Punto de Partida
Por Acisclo Valladares, El Periódico 17 de julio del 2005
La Constitución Política de la República declara de interés nacional la explotación minera y lo hace por mandato constitucional expreso. Eso no significa, sin embargo, que pudiese prevalecer sobre lo que es más importante, el ser humano. La Ley de Minería que lo desarrolla se dictó durante el Gobierno del presidente Álvaro Arzú, y también se ratificó entonces el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ordena consultar a los pueblos interesados antes de otorgarse una licencia. Las objeciones que se hacen hoy a ambos textos, resultan extemporáneas y sumamente graves para la certeza jurídica, puesto que las compañías mineras se aventuraron a sus empresas a la luz de las reglas de juego establecidas.
La compañía minera tramitó y obtuvo la licencia durante la administración del presidente Alfonso Portillo, satisfaciendo los requisitos que debía. Sin embargo, se otorgó sin que se cumpliese el requisito de la consulta que correspondía satisfacer al propio Estado.
Se hizo, sí, la publicación ordenada por la ley para que cualquier interesado pudiera oponerse, y nadie se opuso. El Procurador de los Derechos Humanos no lo hizo.
Tampoco el Procurador General de la Nación, Asesor y Consultor de los órganos del Estado, quien debió hacer terminante prevención, “falta un requisito y, en tanto no se cumpla, no puede otorgarse…” Tampoco el Fiscal General, quien estaba obligado a velar porque se cumpliera e incluso perseguir su incumplimiento.
No hubo tampoco oposición de uno solo de los grupos ambientalistas que hoy se oponen. A estas alturas, otorgada ya la licencia, se hace una consulta popular -Sipacapa-, a la luz del Código Municipal, consulta más cercana al Convenio 169 que el procedimiento de hacer una publicación y llamar así a quienes quieran oponerse, pero que tampoco es la consulta a que el Convenio se refiere.
La ley manda, Convenio 169, que se realice antes de que se otorgue la licencia y no después. La realizada después, en consecuencia, no puede tener incidencia alguna en cuanto a la licencia ya otorgada. Consultar, por otra parte, en el sentido del Convenio 169, trasciende el simplismo del sí o el no.
La consulta realizada a “vecinos” a la luz del Código Municipal, amén de extemporánea, no lo fue a los pueblos interesados, que es lo que manda el 169, norma de jerarquía superior.
La ley es la ley, y la ley debe cumplirse. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo enderezar la situación por sus caminos?
En el aspecto general se impone que el Congreso y quienes tienen iniciativa de ley cumplan con su función y regulen no sólo la consulta a que se refiere el Convenio 169, sino la institución de la consulta en general.
En el caso concreto de la licencia ya otorgada, la situación del Estado no es cómoda en absoluto, ya que se otorgó a la luz de nuestras leyes y por autoridad competente. Esto lo agrava la guía del inversionista del Ministerio de Energía y Minas, que jamás hizo referencia a la consulta como insalvable requisito previo a que se otorgase una licencia, lo que también omitió en su sitio Web y, ¡colmo de los colmos! al día de hoy -cáigase usted de espaldas, amigo lector- ¡lo sigue omitiendo…!
La compañía minera -menos mal- tampoco las tiene todas consigo pese a la inducción al error perpetrada por el Estado, ya que estaba obligada a conocerlo y supo muy bien que se le daba sin que estuviese satisfecho.
El due diligence es obligado para toda empresa antes de emprender actividades. La compañía, pues, debe entender que una licencia otorgada sin cumplir con los requisitos de ley adolece de nulidad y queda expuesta a que se invoque.
Ningún tribunal en o fuera de Guatemala ampararía un derecho obtenido ilegalmente. No cabe más salida en este asunto que la negociación inteligente dentro del marco de la ley, y hablo negociación porque existe responsabilidad de todos:
Del Congreso de la República -tres legislaturas- por no haber desarrollado la norma sobre la “Consulta a los pueblos interesados”. De todos quienes tienen iniciativa de ley: diputados, presidentes, etcétera, por no haberla ejercitado.
Del Gobierno -Ministerio de Energía y Minas- por omitir mención alguna al requisito y por haberla otorgado sin cumplirlo.
Del Procurador General de la Nación, del Procurador de los Derechos Humanos y del Fiscal General, obligados como estaban a intervenir para que éste se cumpliera.
De todos los grupos ambientalistas, ya que ni uno solo se opuso cuando debió oponerse. También de las municipalidades, de los pueblos interesados y -esto es fundamental- de la propia compañía minera que se aventuró a obtener la licencia sin que el requisito se cumpliera.
Creo, pues, que se hace necesaria una negociación que lleve al restablecimiento del orden perturbado permitiéndome concluir con esta terminante prevención: si persiste en Guatemala el reino de la incertidumbre jurídica en que la hemos convertido, no tendremos inversión, y sin ésta el desarrollo es imposible.

2 comentarios:

arte-sano dijo...

muy buen articulo H&I, de don Ascisclo, esto no ayuda a entender el problema mas claramente.
Como dicen: mas claro que el agua...

arte-sano dijo...

fe de errata.
omitase: "no ayuda"
"lease: nos ayuda"